Esta semana nos hemos levantado con los sones de la macromanifestación del medio rural en Madrid del pasado 20 de marzo. La manifestación no es otra que aquella que se aplazó por la pandemia hace dos años, cuando los tractores ya estaban en la calle por la situación del campo. Las condiciones ahora han empeorado con el aumento del precio de los insumos y el hundimiento de los precios percibidos por los productores, a pesar de la inflación que se come los salarios de las familias. Todo esto viene de lejos, y aunque los políticos se acusen unos a otros de calentar el ambiente o capitalizar la movilización, lo cierto es que las condiciones objetivas son las que son y lo siento por quienes no quieran verlo.
Otra cosa es la instrumentalización de este descontento para justificar determinadas posiciones en materia de políticas agrarias. Quiero poner el foco en dos argumentos que han formado parte de la discursiva en torno a la manifestación: la enarbolación de la idea de «soberanía alimentaria» y la presión para desmantelar las restricciones ambientales de la PAC.
En primer lugar, debo subrayar con rotundidad que el concepto de «soberanía alimentaria» ha sido una reivindicación histórica del movimiento agroecológico y las organizaciones campesinas especialmente en el ámbito iberoamericano, que poco tiene que ver con lo que, en el fondo, se defendía en determinados púlpitos de la manifestación. Porque lo que de verdad allí se defendía era una suerte de autarquía alimentaria con derecho a exportación, sin abordar cuestiones estructurales relacionadas con la sostenibilidad de los recursos naturales, el modelo tecnológico y de distribución, la accesibilidad a mercados locales, la gestión de los recursos genéticos o el fracaso de las políticas de incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
Más bien al contrario, se está ante la fagocitación de la idea de soberanía alimentaria por aquellos que defienden a ultranza un modelo de agricultura que nos devolvería al desastre ambiental y social del mundo rural del último tercio del siglo pasado. Una vez más, nos están robando y desvirtuando principios fundamentales del movimiento campesino; porque no habrá soberanía alimentaria si no protegemos la fertilidad de la tierra, nuestra base genética de semillas, plantones y razas ganaderas, los recursos hidrológicos, los saberes campesinos o el acceso directo a los mercados locales. Y esto no era lo que defendían los voceros de la manifestación.
Lo que se niegan a ver o reconocer estos autarcas neoliberales (el oxímoron de sus contradicciones) es que la inviabilidad actual del mundo rural es precisamente consecuencia del modelo de sistema agroalimentario que defienden. Un sistema alimentario basado en los principios de integración de la cadena de valor, competitividad sustentada en economías de escala y desarrollo tecnológico gestionados por corporaciones globales. Este modelo, digan lo que digan los propagandistas de la «chaquetaazulada» sostenibilidad de sus cabilderos, ha colapsado en cuanto se ha incrementado el precio de la energía y bloqueado la cadena logística.
Pero no contribuyamos a la polarización (que ya estamos bien despachados de este rollo). Gran parte de nuestros pequeños productores se sienten atraídos por esta retórica por una cuestión de falta de perspectivas, de un pensar que «cualquier tiempo pasado fue mejor» y que, a la inviabilidad económica a la que el sistema agroalimentario los ha abocado, se le une ahora la incertidumbre de una nueva PAC difícil de entender. Esto es un dato que, sin duda, la gran mayoría de los productores de la RAC compartimos.
El peligro no está ahí. El peligro está en el nuevo giro de tuerca que los intereses corporativos de la agricultura «verde» 4.0 quieren implementar como respuesta al colapso actual del sistema.
El pasado febrero el gobierno aprobó el Plan Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector Agroalimentario, con el objetivo de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la agroindustria, implantar la digitalización del sector primario y apoyar la investigación.
Dotado con 1000 millones de euros de fondos europeos (que se prevé movilicen 3.000 millones de inversión total) el PERTE se publicita como el gran revulsivo que necesita el campo. Ahora bien, considerando que deberán ser aplicados hasta final de 2023 y teniendo en cuenta que en el último periodo financiero de la UE (siete años), España ha sido incapaz de aplicar una parte importante de los fondos asignados para el sector, ¿soy conspiranoico si pregunto qué círculos económicos son lo que tienen capacidad para movilizar una inversión de 3000 millones de euros en dos años y gestionar la burocracia correspondiente?.
Desde luego, en la letra pequeña del PERTE no veo reflejada la perspectiva agroecológica por ningún lado (más allá de la retórica se sostenibilidad, descarbonización, etc, etc) ni creo que contribuya a mejorar de manera sustancial los problemas estructurales del medio rural.
Por el contrario, los fondos contribuirán a acelerar los cambios inducidos por aquellos grupos económicos que están generando la inviabilidad del mundo rural. No se va a una expansión de la agroecología, sino a profundizar en la integración y concentración de la cadena alimentaria, el control de procesos a través del empleo del «big data» y la generalización de la lógica tecnocientifista (no nos engañemos: la ciencia y la tecnología no son neutras) en manos de corporaciones globales. Es el terreno abonado para los fondos de inversión. Y aquí sobran los pequeños productores, sobre todo en los espacios agrarios más productivos: los regadíos.
Algunos de los que empuñaban la bandera de la soberanía alimentaria en la manifestación, estaban hablando de esto. No nos engañemos.
La transición ecológica en el medio rural no quieren que sea agroecolócica sino tecnocientifista.
Pero seamos positivos. Es cierto que resulta inútil plantarse a pecho descubierto delante de la estampida; así que vamos a relajarnos y avanzar en la creación de espacios refugio donde resistir sin demasiado sufrimiento. A este respecto, creo clave avanzar en varios ejes estratégicos.
En primer lugar, el ámbito municipal, como venimos haciendo, es fundamental y, más allá del fomento de ecomercados, es necesario impulsar ordenanzas municipales que faciliten el desarrollo de proyectos agroecológicos. También es clave, donde sea posible, el impulso a iniciativas de sistemas agrarios territorializados, sin caer en la retórica de las “marcas territoriales para revalorizar los productos locales”. En todo caso esto será una consecuencia, no la motivación de este tipo de sistemas.
Tendremos que seguir profundizando en materia de formación interna y de difusión a la ciudadanía de los valores que defendemos, superando la retórica del “sellito” ecológico que lo único que sirve es para encasillar nuestras producciones en nichos de mercado muy “solventes”. No digo que no sea útil y necesaria la certificación para determinados canales, pero es fundamental dar mayor significación a nuestro trabajo. Esto se hace a través del testimonio y ejemplo de los miembros de las Redes de Agroecología, de las experiencias concretas, y de ahí la importancia de evitar que nadie instrumentalice el valor significativo de las redes para intereses personales.
Los fondos europeos del nuevo marco deben ser instrumentos útiles para avanzar en la dinamización y vertebración de las redes. No es necesario que la RAC como tal ejecute este tipo de proyectos que ya sabemos el coste burocrático y financiero que conllevan; pero colaboremos con socios que saben hacer estas cosas para ello. Lo mismo ocurre con instituciones públicas como la universidad con quienes podemos trabajar en la conformación de cursos de expertos o el impulso de grupos operativos de investigación en los que podamos avanzar en la resolución de problemas.
Aunque el objetivo de la digitalización a escala global sea el despliegue de tecnología que permita la aplicación del Big Data como fuente de conocimiento y de toma de decisiones al servicio de sus gestores, no despreciemos alguno de sus desarrollos. Las tecnologías basadas en el empleo de sondas y fotointerpretación pueden ser muy útiles para conocer nuestros agroecosistemas; más allá de las páginas web’s, las plataformas digitales de servicios nos pueden facilitar mucho las cosas e impulsar proyectos económicos colaborativos.
En definitiva, no nos cerremos a nada; avancemos en lo posible y estemos atentos a los cambios sociales que están por venir. Hagamos un espacio proactivo para la gente joven y seamos prácticos. Muy prácticos, porque quien más o quien menos, aquí estamos todos «tiesos».
Pero por favor, que nos roben los principios de la soberanía alimentaria. Eso sí que no.
‘Isa ibn Qarma